Desplazados de Chenalhó exigen justicia a Maveco

Lamentan que las autoridades no actúen en contra de la alcaldesa Rosa Pérez Pérez

Demandan la liberación de dos compañeros encarcelados en “El Amate” y castigo a asesinos de Guadalupe Hernández

 

 

Por ENRIQUE GUTIÉRREZ

Tuxtla Gutiérrez

 

Once representantes de 54 familias desplazadas del ejido Puebla, municipio de San Pedro Chenalhó, arribaron ayer a la ciudad tuxtleca para exigirle a las autoridades gubernamentales las garantías para su reubicación, debido a que, según ellos, no les han garantizado el retorno a su localidad y tampoco se aplica la justicia en contra de los asesinos de.

En rueda de prensa en el Parque Central tuxtleco, Javier Hernández, representante de los 246 afectados, detalló que además contabilizan 15 viviendas quemadas y otras 34 destruidas, durante la agresión sufrida el 26 de mayo de 2016, “cuando también fue baleado el compañero Guadalupe López Hernández, además de dos detenidos en el penal ‘El Amate’ y son inocentes: Javier Cruz López y su hijo José Cruz Gómez”.

Lamentó que los culparan por la muerte de una niña, “pero nosotros no tenemos nada qué ver con el uso de armas de fuego, y la misma gente del ejido nos culpó, porque apoyamos al síndico (en la búsqueda de la Presidencia), Miguel Sántiz Álvarez, y no a la actual alcaldesa Rosa Pérez”.

Por ello, exigió un diálogo con el gobernador o con el secretario de Gobierno, con el objetivo de que les resuelvan su problemática lo antes posible. En estos momentos, refirió, construyeron un campamento cerca de la colonia 31 de Marzo en la ciudad de San Cristóbal de Las Casas.

Recordó que Rosa Pérez  su “grupo paramilitar” entrara al ejido Pueblo, el pasado 22 de febrero, y comenzara el desalojo de las familias con armas de fuego, “el gobierno ya empezó a trabajar, incluso está en la cárcel como desde hace un par de meses a quien mató a Guadalupe Cruz Hernández, pero falta por ejecutar las órdenes de aprehensión en contra de cinco personas más que intervinieron en la agresión, durante la cual también lesionaron a la esposa e hijo del compañero”.

Lo que se busca, dijo por su parte Diego Cadenas, director del Centro de Derechos Humanos “Ku’untik” (Lo nuestro) en la localidad sancristobalense y representante legal de los ejidatarios, es que las familias cuenten con los derechos correspondientes que les permita vivir con dignidad, “y dado que nos los protegieron para evitar el desplazamiento, ahora el Estado mexicano está obligado a apoyarlos” y generar las condiciones de retorno.

Asimismo, agregó, es necesario garantizar el cese a la fuente de amenaza en dicha comunidad y, para ello, propuso detener a los agresores y no protegerlos “como hasta hoy ha sucedido por parte de la presidenta municipal; que se repare el daño, casa por casa”.