Derechos al agua potable y al saneamiento no son prioridad para el gobierno de Chiapas

Por ENRIQUE GUTIÉRREZ

Tuxtla Gutiérrez

De acuerdo con el reporte preliminar de Léo Heller, relator especial de la ONU sobre los Derechos Humanos al Agua y al Saneamiento, es preocupante que para las distintas autoridades de México, incluidas las de Chiapas, no estén dentro de sus prioridades los derechos al agua potable y al saneamiento, “en el contexto de sus obligaciones en la materia”.

 

Como parte de un primer informe luego de su visita a varias localidades del país, desde principios y hasta mediados de mayo, resalta que los principales objetivos de su recorrido fueron: revisar el acceso a los servicios de agua y saneamiento en México; identificar los principales obstáculos para lograr la plena garantía de dichos derechos y recomendar legislación, políticas públicas y otras medidas necesarias para abordar dichos obstáculos y para asegurar el disfrute de estos derechos humanos para todas las personas en la sociedad.

De hecho, acepta que México enfrenta cuantiosos retos para asegurar esos servicios para su población, pues de alrededor de 120 millones de habitantes que radican en áreas urbanas y zonas rurales a lo largo del país, muchos viven en regiones de alto o muy alto estrés hídrico, otros experimentan bajos niveles de desarrollos en comunidades rurales dispersas y significativos niveles de pobreza, “lo cual requiere enfoques específicos para la provisión de servicios”.

Advierte de hecho que los presupuestos federales para servicios esenciales fueron significativamente reducidos, según se informa, en más de 37 por ciento de 2016 a 2017 para los servicios de agua y saneamiento. “Dichos recortes tendrán un potencial efectodramático en la progresiva realización de los derechos humanos al agua y al saneamiento en el corto y mediano plazos”.

En el documento, que obra en manos de este rotativo, lamenta que a más de cinco años después de ser promulgada la Ley de Aguas “ésta no haya sido adoptada y parece haber un estancamiento en el proceso de su aprobación”. 

Agrega asimismo que la existente Ley de Aguas Nacionales sigue en operación y no refleja el marco de referencia de los derechos humanos “y el gobierno debería avanzar, consultando y colaborando con todas las contrapartes clave, especialmente con la sociedad civil, para aprobar la nueva ley”.

Incluso pone en entredicho a algunos funcionarios que le aportaron estadísticas de que 94% de la población mexicana tiene acceso al agua potable y 93% al saneamiento, pues para él dichas cifras, “si bien son impresionantes, sólo reflejan la existencia de alguna forma de infraestructura y definitivamente no se traducen en acceso real al agua y al saneamiento en las casas de las personas, que es dramáticamente inferior”.

Ejemplifica que sólo en Tuxtla Gutiérrez, la colonia de Real del Bosque tampoco ha sido provista de pleno estatus legal, lo cual conlleva serias implicaciones para el servicio de provisión para más de ocho mil hogares.

En Chiapas, detalló, “me encontré con autoridades estatales y municipales y visité una comunidad urbana y poblaciones indígenas rurales que experimentan falta de acceso a agua potable segura y saneamiento. Los retos para las autoridades locales en relación con los recortes de agua y la provisión de servicios a comunidades rurales remotas y dispersas en muchos municipios son evidentes. Me preocupó la falta de provisión incluso en una amplia comunidad urbana en Tuxtla Gutiérrez, que se quejó conmigo de un suministro poco frecuente, pobre calidad del agua y de que los servicios incluso estaban siendo recortados para aquellos que vivían con bajos recursos y para algunas personas que viven con condiciones crónicas de salud”. 

Por ello, enfatiza que la rendición de cuentas para los servicios de provisión debe ser atendida de manera urgente. “También visité comunidades indígenas que han sido provistas con proyectos de infraestructura que han dejado de funcionar de manera efectiva y que ahora han tenido que volver a utilizar fuentes de agua superficiales para obtener agua potable que claramente plantean un riesgo para la salud de los miembros de la comunidad debido a la calidad del agua”.