Extrabajadores de Chamula podrían regresar a instalarse frente al Congreso

Por MISAEL ZEÑAY

Tuxtla Gutiérrez

 

Tras dar a conocer que esta misma semana se reunirá con representantes de los 77 extrabajadores del municipio de San Juan Chamula -quienes se mantuvieron 9 días en huelga de hambre en demanda del pago de salarios devengados- la diputada indígena Cecilia López Sánchez, adelantó que de no llegar a un arreglo, los inconformes podrían volver a instalarse en el Palacio Legislativo.

 

En entrevista, la diputada aseguró haber sido mediadora para que los manifestantes decidieran darse un respiro y regresaran a su lugar de origen. “Se trata de gente noble la cual desea resolver el conflicto de manera pacífica. He sido muy franca con ellos y les he dicho que trataré de hallar el mecanismo para ayudarlos, pues se necesita la suma de muchas voluntades”, dijo.

Interrogada respecto a la queja de los inconformes, quienes aseguraron que la diputada Fanny Elizabeth de la Cruz nunca los atendió, pese a ser directamente su representante, López Sánchez se deslindó. “Lo que mis compañeras no hacen es un tema del que no pueda opinar, sus razones tendrán. Yo como presidenta de la Comisión de Pueblos Indígenas siempre estuve pendiente”.

Igualmente, la legisladora se mostró reacia a responder si la falta de atención a los pueblos originarios es originada por la falta de voluntad política del gobierno estatal. “Creo que como políticos estamos para servir y escuchar a la ciudadanía y ser honestos para informar si es que podemos solucionar un problema y donde no, canalizar a las personas con quienes si les puedan ayudar”.

Los indígenas tzotziles, quienes laboraron en la primera administración municipal del actual trienio, demandan el pago de 4 millones 581 mil 200 pesos por concepto de salarios que devengaron durante varios meses, antes de que se suscitaran los problemas postelectorales que derivaron en el asesinato del presidente municipal en turno.

Al levantar su movimiento, los manifestantes externaron que la razón principal de su decisión fue que al menos 10 integrantes del grupo enfermaron, además de que tres mujeres embarazadas y dos lactantes conformaban el grupo, por lo que no podían poner en riesgo su estado de salud.