Exigen campesinos certeza jurídica para sus casi mil 200 hectáreas
Por ENRIQUE GUTIÉRREZ
Tuxtla Gutiérrez.- Alrededor de 100 labriegos de la comunidad Laja Tendida, municipio de Venustiano Carranza, protestaron ayer de forma pacífica para pedirle al Tribunal Agrario del Distrito 3 en esta ciudad capital, una respuesta positiva a su petición sobre darles certeza jurídica a sus mil 188 hectáreas, informó Javier Isaías Coello Fernández, su representante.
En entrevista, recordó que la molestia se exacerbó en el año 2012, aunque reconoció que la irregularidad se presenta desde hace cuatro décadas, cuando la Comisión Federal de Electricidad (CFE) adquirió cerca de dos mil hectáreas, las cuales otorgó a 200 labriegos de la Ribera de Chalchí, hoy Laja Tendida.
Sin embargo, lamentó que un grupo de 45 ejidatarios, el cual se separó de ellos, les retrasara el proceso de regularización de las tierras, lo que no ha sucedido, “pues siempre argumentaban que el caso iba por buen camino, pero desde hace dos o tres años ellos, en contubernio con el Registro Agrario Nacional, vemos que comienzan a negociar de forma mañosa esos espacios con una empresa privada”.
Lo que solicitan, especificó el demandante, es que se le dé certeza al asunto, “porque las tierras ahí están, no pedimos más cosas y no estamos en un afán de confrontación, sólo que se haga justicia con lo que ya está”.
En esta ocasión, refirió, solicitan que el Tribunal de esta localidad agilice la sentencia emitida por el Tribunal Agrario Nacional, por no tomar en cuenta elementos probatorios que los demandantes presentaron en un juicio.
De hecho detalló que probaron, con documentación en mano, ser legítimos propietarios de esos terrenos ante las instancias correspondientes, “por ello exigimos que esa instancia asuma la responsabilidad, que el Tribunal Agrario del Distrito 3 tome en cuenta las actas correspondientes y dicte una nueva sentencia, pero a nuestro favor”.
Reveló que incluso, en su momento, la repartición de predios no se efectuó de forma equitativa, debido a que a cada campesino le correspondían cerca de 10 hectáreas, “pero a unos les dieron una y media, dos o tres, como cayó (sic)”.
“El problema aumenta aún más porque se venden cerca de 50 hectáreas a particulares, lo que provoca el inicio de la confrontación, cuando esto se debió resolver desde hace mucho, estaba fácil, tenemos las pruebas contundentes, y ellos (compradores y ejidatarios) no tenían cómo comprobar ser legítimos dueños, pues hubo amaño”, comentó.
Auguran que les den una respuesta positiva urgente, porque -agregó- están cansados de esperar y lo que no desean es tomar otras medidas, sino que todo se lleve a cabo dentro del marco legal.