Gobierno debe cumplir lo prometido: OCEZ-RC
El vocero de la organización señaló que hasta ahora las autoridades estatales han manejado un doble discurso y solo los han reprimido
Santiago López
San Cristóbal de Las Casas
Juan Sebastián Espinosa Arias, vocero de la Organización Campesina Emiliano Zapata, Región Carranza (OCEZ-RC) se dijo extrañado de por la actitud del Gobierno, ya que funcionarios se han comprometido en diversas ocasiones en resolver las demandas en este caso “agrario”, pues además tienen programado una reunión para el próximo jueves, a las 13:00 horas, en la secretaria de transporte, donde podría estar presente el secretario Juan Carlos Gómez Aranda; Mario Carlos Culebro, de la Secretaría de Transporte; el subsecretario, Jorge Utrilla y Rafael Góngora.
“No entendemos la actitud del doble lenguaje del gobierno, por un lado nos golpea con operativos policiacos y por otro lado nos llama a la negociación, entonces necesitamos que el gobierno sea serio y que cumpla con lo que se han comprometido, ya que nosotros estamos dispuestos a todo para conservar nuestras tierras”, manifestó.
Lo anterior ya que indicó el pasado lunes 12 de junio, alrededor de las 9 de la mañana, arribaron al predio “Unión El refugio”, municipio de Venustiano Carranza más de 500 elementos de las diferentes corporaciones policiacas, para desalojar a sus compañeros que se encontraban en el lugar.
Al mismo tiempo indicó, llegaron al predio “Francisco Vilia Las Rosas” más de 300 elementos para el mismo fin, cateando las casas, dando permiso el presidente municipal, el sobrevuelo de varios helicópteros que permanentemente lo hacían en las otras comunidades de la OCEZ-RC.
Espinosa Arias alertó que existen amenazas de cateos y desalojos en las comunidades “20 de Junio”, “Santa Cruz”, del municipio de Venustiano Carranza: “2 de Noviembre” del municipio de Socoltenango, donde además pretenden ejecutar ordenes de aprensión, ya que han notado acuden elementos del ministerios públicos.
Llamó a todas las organizaciones sociales e independientes, organismos de los derechos humanos estatales, nacionales e internacionales, mantenerse pendientes de lo que pueda sucederles, ya que temen por la integridad física de sus compañeros, compañeras y niños.
Indicó que las 150 familias que hacen unas 300 personas desalojadas, se encuentran refugiadas en las otras comunidades donde tienen presencia, donde además existe el temor sean sacados con la fuerza pública.