Gobierno estatal demuestra falta de voluntad ante violencia de género

El Centro de Derechos Humanos de la Mujer en Chiapas destacó que el gobierno estatal está violentando el mandato federal emitido en noviembre pasado 

Santiago López

San Cristóbal de Las Casas

Gloria Guadalupe Flores, del Centro de Derechos Humanos de la Mujer en Chiapas y representante legal de la Alerta de Violencia de Genero, que se decretó el 18 de noviembre de 2016, aseguró que el gobernador Manuel Velasco Coello, está violentando un mandato federal, al no implementar esta alerta en todo Chiapas y hacerlo solo en seis municipios.

 

“En relación a la posición del estado, frente a la obligación federal, como Centro de Derechos y campaña hemos identificado que el estado no sabe, no tiene la capacidad, la voluntad política para cumplir con el mandato federal, con las medidas que establecen en la Declaratoria de Alerta, lo que ha estado a través de los medios de difusión en relación a las actividades y medidas que está llevando a cabo, son medidas que no atienden a la declaratoria, sino acciones a programas que de por si están implementándose en municipios”, dijo en conferencia de prensa.

En las instalaciones del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas, dijo que “en 2016 cuando se otorga la declaratoria, la otorgan para siete municipios: Tuxtla Gutiérrez, San Cristóbal, Comitán, Tonalá, Villa Flores, Tapachula y Chiapa de Corzo, así como un adherido, los 16 municipios de la región altos por las condiciones de violencia cultural. Desde cerca de seis meses estamos exigiendo que la declaratoria sea extensiva en todo Chiapas”.

Relató que durante los días 18 y 19 de mayo se realizó una reunión ordinaria del Grupo Interinstitucional Multidisciplinario, donde como Campaña Popular llegaron a la conclusión de que existe incapacidad de las instituciones del gobierno estatal para atender la Alerta de Violencia de Género (AVG).

Acompañada de representante de las 17 organizaciones que conforman la Campaña Popular contra la Violencia hacia las Mujeres y el Feminicidio en Chiapas, sostuvo en conferencia de prensa que existe un desinterés por parte de las autoridades correspondientes pues hay un nulo avance y retroceso en la implementación de la AVG.

“Menos de la mitad de los servidores públicos asistieron para abordar la coordinación municipal para la implementación de las acciones en materia de prevención, seguridad y difusión de la AVG”, añadió.

También se hizo la observación que hace falta mucho en materia de rendición de cuentas y falta de transparencia, falta de voluntad política y ausencia de gobernabilidad y como ejemplo pusieron el caso de las enfermeras del Sector Salud en huelga de hambre desde hace más de 20 días, que pone en riesgo su integridad física.

Para abordar este tema, estuvo presente una representante de la enfermeras en huelga de hambre, Jesús Espinoza de los Santos, quien relató la problemática que enfrentan con el pago de sus bonos desde 2011, todo el procedimiento legal que han enfrentado y ha desahogado en la denuncia pública, sin que hasta el momento las autoridades hayan resuelto su situación.

“Incluso el secretario de salud, Francisco Ortega Farrera, presume un helicóptero cuando a una de nuestras compañeros que se puso delicada le negaron la camilla para trasladarla a terapia intensiva, de ese nivel es su falta de interés y desatención”.

Por su parte, Marcos Arana, especialista en tema de salud reproductiva y comunitaria, dio a conocer que en los hospitales de Chiapas es común encontrarse con la violencia de género, en la atención que se le da a mujeres enfermas, embarazadas y niñas. “La mayoría de las mujeres de las comunidades indígenas prefieren ser atendidas en casa por una partera, antes que ir a un nosocomio donde son humilladas”.

En tanto, Martha Figueroa Mier, del Colectivo de Mujeres, anunció que para el día 26 de mayo distintas organizaciones se concentrarán en  el campamento de las enfermeras en huelga de hambre, para realizar una marcha de solidaridad en Tuxtla Gutiérrez.

Señaló que en este balance general, las personas y organizaciones integrantes de la Campaña Popular exigimos, “se cumpla seria y formalmente con el mandato de la AVG, se reestructure el GIM y se designe a quienes tengan capacidad de coordinación, operación, gestión y convocatoria”.

“Se realice un programa viable y con recursos transparentes, se establezca la coordinación con las peticionarias y no se realicen acuerdos sin la presencia oficial de las peticionarias como lo es el Centro de Derechos de las Mujeres de Chiapas, se establezca un plazo formal para que esto se reencauce y en caso de incumplimiento estaremos elevando las denuncias ante las instancias internacionales”, concluyó.