Exigen organizaciones sociales garantizar justicia en caso Kimberly

Por Guillermo Enríquez

 

San Cristóbal de Las Casas.- Organizaciones sociales exigieron  a las autoridades garantizar justicia por la muerte de la niña Kimberly Isabela Albores Ramírez, la cual sucedió en una guardería de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) en Tuxtla Gutiérrez.

 

Mediante un comunicado, rememoraron que el  27 de febrero, la niña Kimberly Isabela Albores Ramírez, de 1 año 10 meses, fue encontrada muerta en la estancia infantil “Pasitos de Colores” en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez.

Agregaron que se asentó, en la averiguación previa 44/CAJ16-1/2015, que la  causa del deceso de la menor  fue “asfixia mecánica por ahorcamiento”, además de tener  dos lesiones en la cabeza.

Ante esto, se  consignó al penal de El Amate ubicado en el municipio de Cintalapa a la maestra Citlali Anahí Díaz de la Cruz, como presunta autora material y a Yuridia Vinicia Sarmiento Sánchez, responsable de la guardería, como cómplice del asesinato de la niña.

“El día de los hechos, la familia no fue informada de la situación sino hasta que llegó a recoger a su hija en el horario de salida. Pese a la gravedad del caso, nadie de la guardería dio explicación alguna de lo sucedido y ninguna persona fue detenida. Hasta la fecha, la guardería a la que asistían 19 niñas y niños no está operando”, añadieron.

Mencionaron que a pesar de que la necropsia practicada por la Dirección General de Servicios Periciales, dictaminó claramente el ahorcamiento como causa del deceso, Ernesto Hernández Ruiz, juez tercero del ramo penal de delitos graves, al reclasificar el delito doloso como homicidio culposo –considerado no grave-, posibilitó que las acusadas obtuvieran su libertad, sin pagar fianza, la madrugada del domingo 8 de marzo.

“Ignacio Sol Ramos, abogado de la familia de la Kimberly, sostiene que el juez no actuó conforme a derecho, a pesar de que dictó auto de formal prisión el 7 de marzo, resolviendo que la muerte de la niña fue resultado de un accidente”, señalan.

Agregan que a la fecha, los padres de la menor fallecida están apelando la resolución para que el Tribunal Superior de Justicia del Estado tome en cuenta el dictamen del médico legista, ya que si se sostiene que el delito es considerado no grave se reducen considerablemente las posibilidades de acceder a la justicia y el homicidio de la niña quedará impune.

“Nos sumamos a la familia de la niña Kimberly Isabela Albores Ramírez para que a la brevedad  se garantice su derecho a la justicia y demandamos a las autoridades correspondientes realicen una investigación exhaustiva e imparcial sobre los hechos ocurridos y establezcan medidas prontas y expeditas en contra de  las personas responsables”, acotaron.

Para terminar, solicitaron que se incorporen las medidas legislativas y jurídicas necesarias para que la SEDESOL asuma la responsabilidad por la operación y el personal de las guarderías, así como medidas para asegurar su adecuada operación evitar que estos hechos se repitan.

 

Las organizaciones que se sumaron a la petición de justicia son Melel Xojobal A.C., Red por los Derechos de la Infancia y Adolescencia en Chiapas (REDIAS): Save the Children, Chiapas; Desarrollo Educativo Sueniños A.C.; Chantiik Taj Tajinkutik A.C.; Skolta´el Yu´un Jlumaltic A.C. (SYJAC); y las organizaciones integrantes de la Campaña Popular Contra la Violencia hacia las mujeres y el Feminicidio en Chiapas.