(BBC)

 

El valle donde florecen las start-up de Estados Unidos habría sido escenario durante más de una década de una trama para robar secretos tecnológicos que terminó con la imputación de seis ciudadanos chinos.

 

Entre ellos hay tres profesores universitarios, a los que el gobierno estadounidense acusa de robar tecnología a empresas locales para beneficiar a universidades y compañías controladas por Pekín.

Uno de los acusados es Hao Zhang, profesor de la Universidad de Tianjin, una de las más antiguas en China, que fue arrestado el sábado en el Aeropuerto Internacional de Los Ángeles cuando volvía de dar una conferencia en su país.

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Las autoridades estadounidenses creen que la trama comenzó a fraguarse hace una década.

Según la acusación del Departamento de Justicia estadounidense, el caso se remonta a hace más de una década.

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Cuando Zhang realizaba sus estudios de doctorado en ingeniería eléctrica en una universidad en California conoció a Wei Pang, también profesor de la Universidad Tianjin.

Ambos investigaron y trabajaron en el desarrollo de una tecnología inalámbrica que permite a los teléfonos móviles y otros dispositivos filtrar señales no deseadas, bajo un programa financiado por la Agencia de Desarrollo Avanzado de Defensa (DARPA) de Estados Unidos.

Tras obtener su doctorado en 2005, Pang comenzó a trabajar en la empresa tecnológica Avago Technologies, en Colorado, y Zhang en la de ingeniería Skyworks Solutions, en Massachusetts.

Grandes costes

Un año más tarde comenzaron a preparar un plan de negocio junto con otro de los implicados para fabricar esta tecnología en China utilizando códigos, presentaciones y otros documentos "confidenciales", propiedad de las compañías para las que trabajaban.

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El espionaje económico de China ha sido desde hace tiempo motivo de preocupación en Washington.

Para lograrlo establecieron relaciones con funcionarios de la Universidad de Tianjin, en 2009 renunciaron a sus puestos de trabajo y más tarde formaron una compañía junto con la Universidad y el resto de implicados para producir esa tecnología.

"Los acusados aprovecharon su acceso y conocimiento confidencial de tecnologías estadounidenses para obtener ilegalmente y compartir secretos comerciales de Estados Unidos con la República Popular de China con un beneficio económico", indicó el fisgal general adjunto John Carlin.

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El espionaje económico, "tiene grandes costos para las empresas estadounidenses, debilita el mercado global y en última instancia daña los intereses de Estados Unidos en todo el mundo", agregó en un comunicado.

Si son encontrados culpables, se enfrentan a penas de entre diez y quince años de cárcel, y hasta medio millón de dólares de multa.